Este documento es una traducción al español del escrito “Disaster Act”.
El 25 de julio, después de 15 días de protestas masivas en todo el archipiélago, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo “Ricky” Rosselló, anunció su renuncia. Por primera vez en la historia de Puerto Rico, el pueblo había éxitosamente derrocado a su gobernador. El levantamiento contra Rosselló se produjo inmediatamente después de que una conversación filtrada de Telegram de 899 páginas confirmó lo que la mayoría de los puertorriqueños ya sospechaban: que Rosselló era un líder corrupto e inepto que se aprovechaba de la miseria colectiva para su beneficio personal a las expensas de 4.645 puertorriqueños muertos. Entre los comentarios más atroces realizados por el gobernador en sus textos se encontró su burla del recuento de víctimas aún creciente del huracán de 2017, al cual se refirió a elles como “cadáveres para alimentar a nuestros cuervos”.
Al tambalearse por las muertes y la destrucción por el latigazo del huracán María, así también como por la respuesta de alivio fallida de los EE.UU., los puertorriqueños también llevan exhaustos por la violencia económica de las medidas neoliberales de austeridad implementadas por la junta de control fiscal de los Estados Unidos, infamemente conocida como La Junta, y se formó como parte de la ley de Supervision, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA), firmada en el 2016, por el ex presidente Obama. Indignados, los puertorriqueños tomaron las calles y se encontraron con gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma de una fuerza policial militarizada, coloquialmente conocida como la fuerza de choque, ataviada con equipo táctico suministrado por Safariland, la empresa recién notoria de fabricación de armas, propiedad del ex vicepresidente del Museo Whitney Warren B. Kanders. Por su doble puesto como patrocinador del arte y proveedor de armas, Kanders fue presionado a renunciar después de ocho meses de protestas en la ciudad de Nueva York. Irónicamente, su partida se produjo horas después de la renuncia del gobernador Rosselló. Hoy, el pueblo de Puerto Rico se enfrenta con el asiento abierto del poder y los buitres que lo rodean, buscando llenar el puesto desde Washington, D.C., mientras giran su poder galvanizado contra la Junta.
Mientras la gente de todo el archipiélago seguía reuniéndose en el Viejo San Juan para exigir la renuncia del gobernador Rosselló, cientos de puertorriqueños en la ciudad de Nueva York también se reunían en Union Square, donde fueron bombardeados por los medios corporativos que esperaban la llegada de la sensación de Broadway Lin-Manuel Miranda y la ex presidenta del consejo municipal Melissa Mark-Viverito. Mark-Viverito ya se había ganado el desdén merecido de muchos neoyorquinos después de votar a favor de contratar a 1.300 oficiales más de la policía de Nueva York después del asesinato policial de Ramarley Graham, Sean Bell, Eric Garner y muchos otros. También supervisó una rezonificación en El Barrio, cual abrió las compuertas de la gentrificación y el desplazó a través del plan fraudulento de vivienda asequible del alcalde de Blasio. La prensa de todo el país informaría que Lin-Manuel y su amiga política encabezaron esta protesta. Pero los periodistas deslumbrados no lograron capturar las voces disidentes en la multitud que exigió que Miranda y Mark-Viverito se fueran y no usarán la reunión espontánea de la gente como una sesión de fotos para su beneficio personal. Enojados, puertorriqueños y nuyoricans que fueron desplazados directamente enfrentaron y denunciaron las llamadas voces principales.
En el ámbito político, tanto los demócratas como los republicanos cortejan el apoyo del pueblo puertorriqueño con promesas superficiales de abogacía, aunque el estado colonial del archipiélago limita la participación de los puertorriqueños en la política estadounidense. Este cortejo no siempre se lleva a lo largo de las líneas partidarias, particularmente para aquellos puertorriqueños estadistas que brindan su apoyo a cualquier funcionario electo que se asume a su causa. Por ejemplo, mientras que el gobernador puertorriqueño Rosselló se identifica como demócrata y se codea con el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, tampoco tuvo reparos en rogarle a Trump en la televisión nacional que comenzará el proceso de aceptar a Puerto Rico como el estado número 51. Esta petición descaradamente ignora el sistema del plebiscito que le otorga la decisión de la estadidad como un derecho fundamental para el pueblo puertorriqueño. Esa decisión se tomaría mediante una votación, pero es en sí misma parte de una estructura que dejaría al pueblo puertorriqueño firmemente al alcance de los Estados Unidos, sin poder verdadero o autodeterminación. Cada diez años, la gran mayoría de los puertorriqueños que votan sobre el estado de la relación con los EE. UU. votan a favor de seguir siendo una colonia, un voto que para muchos es un voto en contra de ser absorbidos por completo en el proyecto imperialista estadounidense. La independencia es un riesgo demasiado grande para las masas que temen una crisis económica masiva, como la cual Puerto Rico ya está embrollada.
Los puertorriqueños en el archipiélago y en la diáspora han percibido la urgencia creciente de su situación desde la promulgación de PROMESA. El proyecto de ley ha empoderado a los especuladores del capitalismo de desastre, empresarios y desarrolladores, desde el multimillonario magnate de Wall Street John Paulson hasta el “cryptocreep” y presunto pedófilo Brock Pierce, que actualmente está construyendo una ciudad privada fundado por bitcoins (moneda digital) dentro del Viejo San Juan. Con la dicha ayuda bipartidista para el acaparamiento de tierras por parte de compinches como estos y conglomerados corporativos, los republicanos y los demócratas representan una amenaza para la soberanía. Sin embargo, la ciudad de Nueva York, un bastión del Partido Demócrata y hogar histórico de generaciones de puertorriqueños en la diáspora, ha facilitado una lealtad puertorriqueña incuestionable y profunda a los demócratas. Es a través de esta lealtad incuestionada al Partido Demócrata que la rebelión contra las medidas neoliberales violentas es apaciguada y la privatización o las incautaciones colonialistas de lo que queda de la tierra y la industria se alienta.
Lin-Manuel Miranda personifica las conexiones complejas entre las maquinaciones políticas en Nueva York y Puerto Rico hoy en día. Miranda, cuyo musical de hip-hop In the Heights batió récords de taquilla en el 2005, se convirtió en una sensación nacional diez años después con su musical siguiente Hamilton, que se presentó por primera vez en público para Barack Obama, durante la lectura de poesía de la Casa Blanca (White House poetry jam) en el 2009. Considerado como un musical de rap protagonizado por personas de color en papeles tradicionalmente blancos, Hamilton narra la vida del primer Secretario del Tesoro, Alexander Hamilton, un “padre fundador” de los Estados Unidos. Obama luego diría que su aprecio por Hamilton fue “lo único en lo que Dick Cheney y yo estamos de acuerdo”. Un musical casi mitológico de la fundación de los Estados Unidos al parecer, puede obtener tanta aprobación bipartidista como el saqueo de tierras de costa afuera. Desde el debut de Hamilton, Miranda se ha convertido en un nombre familiar y una estrella de rock para el set de oyentes con gusto de NPR. Utilizó esta reserva de capital cultural para abogar por la aprobación de PROMESA, que junto con la formación de La Junta destruyó los servicios sociales en Puerto Rico, eliminó las pensiones para los empleados del sector público y cerró más de 500 escuelas. Los efectos del proyecto de ley en toda la gama de programas e instituciones públicas en Puerto Rico rivaliza la violencia causada por las medidas de austeridad impuestas por la Unión Europea sobre el pueblo griego.
Rapeando en el programa de John Oliver antes de que se aprobara el proyecto de ley, Miranda gritó: “Paul Ryan, iré a cantar Hamilton a tu casa, bailo ‘do si do’ con Pelosi, ¡hasta usaré mi blusa Hamilton!” Pero, Lin-Manuel no tiene que rogar demasiado. Sospechamos que PROMESA se aprobó con apoyo bipartidista porque abre una serie de posibilidades económicas para la especulación y consiguiente lucro a través de la privatización de todo, desde el sistema de educación pública hasta las playas. Al mismo tiempo, las sanciones recién impuestas hicieron que los pocos trabajos que todavía estaban disponibles en el archipiélago sufrido fueran cada vez más precarios. La situación económica que precedió a PROMESA ya había forzado un éxodo masivo de medio millón de residentes de Puerto Rico a los EE. UU. entre el 2006 y el 2014. La migración masiva actual de puertorriqueños a los EE. UU. supera la Gran Migración puertorriqueña durante los años posguerra de la seguenda guerra mundial. La falta de posibilidades económicas para el pueblo puertorriqueño induce la migración y deliberadamente enciende la especulación sobre las riquezas de las tierras de los puertorriqueños, que luego se arrebata de las manos desesperadas por un regateo. Sin embargo, la figura destacada de Lin-Manuel no fue suficiente por sí solo para impulsarlo en la arena política: Su influencia también es el efecto de las decisiones calculadas de su muy poderoso padre, el cabildeo político de Nueva York Luis Miranda Jr.
El resumen de Luis Miranda abarca más de cuatro décadas en la política, con muchas líneas borrosas entre sus servicios para los sectores público y privado. Fue asesor de asuntos hispanos para el alcalde Koch en los años 80, luego fue designado por Koch para la junta de la Corporación de Salud y Hospitales de Nueva York y más tarde fue nombrado presidente por el alcalde Giuliani en el 1993. Es el fundador de la organización sin fines de lucro Federación Hispana, y es fundador de la firma de cabildeo MirRam Group, una autodescrita “firma de consultoría independiente diseñada para ofrecerle a los clientes el beneficio de su profunda comprensión de los paisajes políticos, corporativos, laborales y sin fines de lucro de Nueva York”. Ha dirigido las campañas del Senado de Charles Schumer, Hillary Rodham Clinton y Kirsten Gillibrand, y se jacta de ser “la consultora principal en la elección de Letitia James como defensora pública, la primera mujer afroamericana elegida en toda la ciudad”. Luis Miranda también está muy involucrado en las decisiones de la carrera de su hijo, particularmente en cuanto a las incursiones políticas de Lin-Manuel. Lin-Manuel ha expandido su esfera de influencia dentro de las redes políticas entre Nueva York y Puerto Rico, y a su vez Miranda Sr. tiene a su disposición un escandalosamente popular hombre de canciones y baile de relaciones públicas. Lin-Manuel se convierte en la cara de la abogacía política de Puerto Rico, guiada por los deseos comerciales de su padre.
En el 2017, Lin-Manuel anunció su intención de realizar una gira limitada de Hamilton en el campus de la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, con el pretexto de recaudar fondos para las artes escénicas a través de la creación del Fondo de Artes Flamboyan en conjunto con la Fundación Flamboyán de su padre. Esta propuesta fue recibida con feroces protestas cuando los estudiantes lo reprendieron por su defensa del proyecto de ley PROMESA. Más tarde, los estudiantes volverían a presentar una segunda y tercera protesta a principios de 2019, esta vez unidos con la facultad, para protestar contra el musical que celebra el mismo poder colonial de los colonizadores con su bota neoliberal en el cuello de Puerto Rico. En respuesta, la actuación se trasladó al Teatro de Bellas Artes, un cambio facilitado por el propio gobernador Rosselló. Todo esto ocurrió en medio de los intentos desesperados de la Universidad de Puerto Rico de defenderse de los ataques por medio de la privatización, en parte al duplicar los costos de matrícula. Las escuelas primarias también enfrentaban una reestructuración económica similar bajo la secretaria de Educación Julia Keleher, quien fue traída a Puerto Rico para consolidar las escuelas primarias públicas mientras implementa un sistema de escuelas charter. La Fundación Flamboyán de Luis Miranda figura como cliente y socio colaborador de la firma de Keleher, Keleher and Associates. Actualmente, se encuentra bajo investigación federal por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero durante su tiempo en Puerto Rico en este puesto. Mientras Lin-Manuel propuso una actuación paliativa de la historia continental de los Estados Unidos interpretada por personas de color, su padre estaba colaborando con una conspiradora corrupta que buscaba ganancias personales de la crisis económica de Puerto Rico.
De las muchas negociaciones que se presentan como proyectos de ayuda, la toma de posesión corporativa de la industria del café en ciudades históricamente cafeteras como Adjuntas y Jayuya presenta el mejor ejemplo de como el capitalismo de desastres facilita medidas punitivas de austeridad e instrumentaliza el arte y la cultura para presentar una fachada política progresista para tales medidas. En el 2018, Lin-Manuel Miranda se convirtió en la cara pública de un esfuerzo multimillonario de cinco años de la industria del café lanzado y organizado por su padre. El financiamiento para esta compra masiva provendría de la Federación Hispana, fundada por el padre de Miranda, y Nespresso, quienes invertirán 1 millón de dólares cada uno. Starbucks aportaría otros $475,000 y donará 2 millones de semillas resistentes al clima. La Fundación Rockefeller proporcionó otros $500,000, y la sin fines de lucro internacional TechnoServe fue elegida para administrar el proyecto.
La introducción de la Federación Hispana de grandes magnates corporativos en las montañas de Jayuya le otorgó a Luis Miranda una cantidad de poder e influencia sin precedentes sobre la industria achacada del café. Ahora puede posicionarse como el corredor de los bienes de la isla, coordinando la toma de la posesión corporativa de Puerto Rico, simultáneamente presentando una narrativa de alivio, avivamiento y rescate alimentado al pueblo puertorriqueño y a la diáspora a través del sano Lin-Manuel, quien narra el cuento de “Puerto Rico se levanta” (Puerto Rico will rise).
Mucho antes de que María devastara la tierra, las regulaciones impuestas en 2015 por el gobierno puertorriqueño cortaron 20,000 empleos y arriesgaron el sustento de los cafeteros restantes. Cuando llegó el huracán María, la crisis resultante proporcionó la cobertura perfecta para que las entidades corporativas se arremetan y tomen lo que Coca-Cola aún no había adquirido. Estas corporaciones obtendrán los máximos beneficios de las exenciones tributarias por cortesía de la Ley 20 y la Ley 22. Aprobada en el 2012, la Ley 20, la Ley de Servicios de Exportación, y la Ley 22, la Ley para Promover la Reubicación de Inversionistas a Puerto Rico, fueron promulgadas para promover la inmigración de individuos de alto patrimonio neto y sus negocios a Puerto Rico con el incentivo de no pagar impuestos sobre todos los ingresos pasivos. Puerto Rico ya había sufrido una recesión masiva en el 2008 y su vulnerabilidad convirtió estos cambios en el código tributario en un punto estratégico de interés para los ricos, quienes formaron la Sociedad del Acta 20/22 (20/22 Act Society) con el objetivo declarado de desarrollar “una relación de retroalimentación continua con los sectores gubernamentales, privado y empresarial para garantizar que se escuchen nuestras preocupaciones, objetivos y recomendaciones, como un esfuerzo por preservar los beneficios otorgados”. En este contexto, Lin-Manuel y Luis Miranda se han aprovechado de sus personajes públicos y conexiones políticas para darle la bienvenida a estas inversiones corporativas con los brazos abiertos, sabiendo que el pueblo puertorriqueño y, en este caso, los agricultores del café, tienen mucho más de perder de lo que ganarán.
Los puertorriqueños tienen mucho motivo de preocupación cuando se trata del Sr. Miranda, quien aunque ya no está al mando de la Federación Hispana, continúa dirigiendo su dirección. Se ha asegurado una cantidad exorbitante de fondos de la oficina de la ex presidente del consejo de Nueva York, Melissa Mark-Viverito, mientras actuaba como su principal consultora política. A pesar del evidente conflicto de intereses involucrado en esta transacción, Mark-Viverito y Miranda pudieron resistir el escándalo y marcharse ilesos. Simplemente tienen demasiado poder y continúan consolidándose y expandiéndose a través del súper PAC (comité de acción política) Latino Victory Fund, donde Miranda sirve como presidente de la junta y Mark-Viverito como presidente interina. El fondo Latino Victory se fundó en 2014 y su misión es hacer crecer el poder político latino, aumentando la representación latina en todos los niveles de gobierno. Uno puede imaginarse que la fuerza de este súper PAC estará detrás de Mark-Viverito en su campaña para reemplazar al congresista José E. Serrano (D-NY), que no buscará la reelección. Serrano representa el distrito 15 del sur del Bronx, uno de los pocos distritos latinos mayoritarios en el país y uno codiciado, ya que ha estado en manos de los puertorriqueños durante más de 40 años. Un congresista que represente a su propio distrito en Nueva York también podría desempeñar un rol de soporte para las maniobras políticas en Puerto Rico como miembro con derecho a voto de la Cámara de Representantes. Con la serie de eventos en Puerto Rico desarrollándose como lo han hecho, una mirada sobria a los movimientos de poder de Miranda en la isla es urgente. La mano de Miranda en el súper PAC Latino Victory Fund posiciona candidatos específicos en escaños estratégicos de poder junto con la influencia del grupo MirRam. Su influencia con la Federación Hispana, los esfuerzos filantrópicos con la fundación Flamboyán y las nefastas relaciones que estas organizaciones oscurecen están a punto de obtener contratos gubernamentales y otorgar fondos para administrar la implementación de los mandatos de servicios sociales recientemente impuestos. En resumen, Miranda y sus asociados están dando un golpe suave en el archipiélago.
Una mirada más cercana a la junta directiva de la Federación Hispana hace que la inserción del Sr. Miranda en las industrias y la política local de Puerto Rico sea mucho más preocupante. Según el Instituto Nacional de Política Latina, la Junta de la Federación Hispana era compuesta en gran parte por gerentes de las siguientes compañías (de las cuales al menos dos son clientes de MirRam): Aetna, Banco Espírito Santo, Comcast Corporation, ESPN Deportes, GE Capital, Hess Corporation, Huron, Latin2Latin Marketing + Communications, MamásLatinas, Nielsen, One World Sports, Telemundo 47, The Baeza Group LLC, UBS Financial Services Inc., Univision Television Group, Verizon y Wells Fargo. El Sr. Miranda ya ha demostrado su voluntad de imponer su poder e influencia política a través del vehículo de la organización sin fines de lucro que fundó para servir los intereses de los clientes que retiene a través del grupo MirRam. Entonces, cuando un artículo de opinión para el Hill convocó al congreso a “democratizar la recuperación al empoderar a un comité compuesto por líderes cívicos, comunitarios y sin fines de lucro puertorriqueños para supervisar los dólares de recuperación de desastres”, la Federación Hispana lo tuiteó con entusiasmo y lo retuiteó Miranda—depredadores olfateando a su presa. Al igual que el musical de Lin-Manuel imagina a personas de color al timón de una revolución estadounidense que ganó su riqueza mediante el despojo y el capitalismo racial, Luis Miranda y la Federación Hispana exigen que los negocios continúen, con poderosos puertorriqueños en las riendas.
Los puertorriqueños en el archipiélago y en el extranjero en la diáspora viven hoy bajo muchas incertidumbres, pero también están guiados por un espíritu de “no tener nada que perder”. Ese espíritu es para muchos una posición descolonial a perpetuidad. En las calles de La Perla y en el Bronx, en Ponce y Pennsylvania, en Jayuya y Humboldt Park, justo después del anuncio del 25 de julio de Rosselló, la pregunta persiste: ¿Qué sucederá ahora?
El 1 de agosto, el día anterior a la fecha en que tenía previsto renunciar oficialmente a la oficina, Rosselló hizo unos nombramientos clave. Jennifer M. Storipan fue nombrada como directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington, D.C., (PRFAA) y James Robert “Bo” Collins como director ejecutivo de Invest Puerto Rico. Storipan servirá como enlace entre el gobierno de Puerto Rico y Washington, D.C., implementando la política pública de Puerto Rico en Washington (y viceversa). La cita de Collins es mucho más siniestra. Collins es infame por sus precarios negocios como presidente de MotherRock, un fondo de cobertura del sector energético. Ahora es el CEO y fundador de Renovatio PR, una incubadora de tecnología digital para diferentes empresas de inicio en torno a la aplicación de criptografía, blockchain y fintech. Aquí tenemos otro pionero de la criptografía que está hundiendo sus dientes en Puerto Rico. Su nombramiento como director ejecutivo del proyecto de desarrollo económico Invest PR es especialmente problemático, precisamente porque el modelo ya está diseñado como un proyecto especulativo aprobado por el gobierno para capitalizarse del estado vulnerable en el que se ha visto obligado Puerto Rico. Ese mismo día, los dos nombramientos de Rosselló fueron seguidos por la confirmación de Wilmer Ocasio Ibarra al puesto de mariscal de los Estados Unidos para el distrito de Puerto Rico por el comité judicial del senado federal. Ocasio Ibarra fue elegido personalmente por Trump para ejecutar operaciones fugitivas, la gestión de activos delictivos, la operación del Programa Federal de Protección de Testigos de los Estados Unidos y el Sistema de Transporte de Prisioneros y Extranjeros de Justicia, así como órdenes de arresto federales. Mientras que el pueblo de Puerto Rico continúa elevándose, el nombramiento de esta figura plantea una amenaza seria, ya que la detención de nuevos presos políticos es inevitable. Mientras tanto, los luchadores por la libertad Nina Droz Franco, Ana Belén Montes y Noel D. Cruz continúan detenidos por el gobierno federal, con Franco y Cruz encarcelados por su participación en las protestas del 2017 y 2016.
El acto final y más atroz que Rosselló le otorgó al pueblo puertorriqueño fue la inauguración sombría de Pedro Pierluisi a la sede del gobernador de Puerto Rico. Esta designación fue impugnada y revocada por el Senado de Puerto Rico, lo que convirtió a la Secretaria de Justicia Wanda Vázquez en la siguiente línea de sucesión en ausencia de una Secretaria de Estado. Vale la pena reflexionar sobre quién prefirió Rosselló tomar las riendas. Pierluisi ha estado en el gobierno puertorriqueño durante décadas y se desempeñó como Secretario de Justicia durante el gobierno del ex gobernador Pedro Rosselló, el padre del gobernador saliente. Después de completar su nombramiento como comisionado residente, Pierluisi fue a trabajar para la firma de abogados O’Neill & Borges, contratado por la Junta de Control Fiscal que supervisa PROMESA. La Junta de Control Fiscal está dirigida por el representante republicano José B. Carrión III, quien también es el ex cuñado de Pierluisi. Carrión III es parte de la influyente familia Carrión en Puerto Rico que fundó el banco Banco Popular. Pierluisi ha estado durante mucho tiempo en una posición defensiva para protegerse de las críticas sobre conflictos de intereses. Tres semanas después de su elección en el 2008 para el puesto de comisionado residente, su esposa María Elena Carrión estableció una firma de asesoría financiera, Capital Multicultural, para asesorar a las partes interesadas a encontrar ofertas en activos financieros angustiados en Puerto Rico. Pierluisi presentó una legislación que benefició directamente a dos de los clientes de su esposa, los Asesores Fundamentales y Och-Ziff Capital Management. Juntos, Pierluisi y Carrión vieron cuadruplicar su valor neto como resultado de este acuerdo. A lo largo de su carrera, Pierluisi ha demostrado que usaría el poder de su oficina para su beneficio personal. Una respuesta abrumadora de la gente y los conflictos internos con el Senado de Puerto Rico hicieron imposible su propuesta de gobernación, y el orden legal de sucesión se ha cumplido por ahora. Sin embargo, en las calles de Puerto Rico y en las redes sociales, los llamados a #wandarenuncia han ganado impulso, y la ocupación del asiento del gobernador sigue siendo vulnerable.
El temor en la inminente pregunta de “¿Qué sucederá después de Rosselló?” es respondido en parte por estos nombramientos impugnados. Pero el levantamiento se sigue forjando, y los puertorriqueños continúan tomando las calles, inundando La Milla de Oro, la Wall Street de Puerto Rico, y La Fortaleza, la mansión del gobernador, mientras están luchando con una cadena de nombramientos a paso rápido y tomas de poder. Se posicionan para luchar contra la nueva configuración de las fuerzas coloniales que se forman en conjunto con la Junta de Control Fiscal. El padre y el hijo, Miranda y compañía, actualmente se están subiendo a la ola popular, criticando públicamente a Pierluisi, la administración restante de La Junta y Rosselló mientras agitan banderas en blanco y negro, un intento obvio de enfrentarse a esta marejada del poder del pueblo para luego galvanizar para su propio agenda. Se presentarán como los chicos buenos alternativos al statu quo, y llenarán el aire con consignas progresivas y dirán todas las cosas correctas, citando los derechos LGBTQIA+, la liberación negra y la latinidad, mientras se benefician de la imposición de las condiciones económicas más condenatorias dirigida hacia los pobres y la clase trabajadora de Puerto Rico. El archipiélago tiene una larga historia de gobernadores corruptos e imposiciones de Washington, D.C., pero este nuevo modelo neoliberal de “asociaciones público-privadas” se produce en un momento en que los bienes de propiedad inmuebles globales representan el 60 por ciento de los activos del mundo, valorado en $217 billones, 36 veces el valor de todo el oro alguna vez minado. Dado el estado decadente de la política estadounidense y el circo de corrupción de los partidos demócrata y republicano, le incumbe al pueblo puertorriqueño rechazar agresivamente los avances de todas las fuerzas políticas de los EE. UU. independientemente de cómo estén afiliados localmente en la lucha por un Puerto Rico libre. Se le advierte a los boricuas. Ojo.